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BOLETÍN DE NOTICIAS 28 DE JUNIO DE 2011
EL TIEMPO
MININTERIOR EXPLICA QUÉ FUNCIONES LES QUITARÁN A LAS ALTAS CORTES
El ministro Germán Vargas recuerda que el Presidente quedó facultado para, en un plazo de seis meses, eliminar los trámites inútiles.
Germán Vargas Lleras, en entrevista con María Isabel Rueda, habló de la reforma a la justicia.
El ministro del Interior, dijo que no cree que toda la reforma de la justicia se vaya a hacer por consenso con los magistrados, y que los papeles para elegir Fiscal se invertirán.
Ministro: Hizo moñona en el Congreso...
El viernes, el Presidente, en el acto de sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana, destacó cómo, desde el gobierno de López Pumarejo, ningún periodo legislativo había sido más fecundo por el número y contenido de leyes aprobadas.
Y de quién es el mérito mayor, ¿del Gobierno o del Congreso?
De todos, por supuesto. Los parlamentarios trabajaron de manera muy destacada. El Presidente, en muchas oportunidades, intervino directamente aportando soluciones y propiciando consensos. Y también de cada ministro en los temas de su cartera. Contar con una coalición de partidos tan amplia agiliza el trabajo. También destacaría que en los 30 primeros días de gobierno todos los proyectos ya habían sido radicados.
Hay una respetable preocupación de algunos sectores, no necesariamente enemigos de la ley de víctimas ni pertenecientes a ninguna 'mano negra', que tienen temores grandes sobre su aplicación...
El reto, más que el trámite y aprobación de la ley, va a ser aplicarla. La principal dificultad será la seguridad en el proceso de restitución de tierras. Tenemos claro que organizaciones criminales con presencia en las regiones donde tendrá mayor énfasis la restitución, tienen el propósito de asesinar a los principales dirigentes e influir en el proceso electoral de octubre, para capturar las administraciones de esos lugares.
¿Qué va a hacer el Gobierno para evitar que maten a los líderes de los desplazados?
La Ley empezará a aplicarse a partir del 1o. de enero y este semestre el Gobierno debe concretar una estrategia en lo fiscal, en lo institucional y en los temas de seguridad, para evitar que eso ocurra. No es posible disponer de un esquema de seguridad para cada campesino. El enfoque debe orientarse a consolidar el control territorial de la fuerza pública en aquellas regiones donde se vaya a aplicar la ley.
En pocas palabras, dígame qué revolución trae el Estatuto Anticorrupción...
Es un arsenal de disposiciones en diferentes materias que aborda los problemas prácticos que han propiciado corrupción. En obras públicas se legisla sobre cómo se deben manejar los anticipos y se prohíbe abrir licitaciones de proyectos que no estén maduros y con diseños definidos, evitando que cada obra se convierta en un pleito con el Estado. El estatuto hace responsables solidariamente a los interventores y consultores con el contratista, por el resultado de la obra. Pero también contiene todo un capítulo sobre los asuntos de salud. Legisla sobre el tema de financiación de campañas, establece inhabilidades rigurosas sobre la denominada puerta giratoria. Incorpora nuevos tipos penales, aborda los métodos de corrupción más sofisticados y señala que será el Presidente quien estará al frente de la estrategia para implementar el estatuto. A los organismos de control se les dotó de todas las herramientas que solicitaron para facilitar sus tareas.
¿Y la tramitomanía?
Permítame invitar a sus lectores para que nos hagan llegar todas las sugerencias que crean adecuadas a ese respecto de los trámites inútiles, porque el Presidente quedó facultado para, en un término no mayor a seis meses, eliminar todos los trámites que dificultan las relaciones del ciudadano con el Estado, pero también de los industriales, comerciantes y, en general, de cualquier empresario.
Viene la reforma de la justicia. ¿Todavía tiene la ilusión de que se pueda sacar por consenso?
Llevamos diez meses discutiendo con la rama judicial el alcance de esta reforma. Tendremos una última reunión los días 11 y 12 de julio. Advierto de antemano que en algunos temas lograremos ponernos de acuerdo. Pero en otros, cada vez veo más difícil coincidir . El Presidente señaló que la reforma se presentará el 20 de julio y que será el Congreso el que, en últimas, dirima las diferencias.
Sólo dígame una cosa: ¿se les quitará a las cortes las funciones electorales que tanto daño les han hecho?
Sí, la reforma que propone el Gobierno elimina las competencias de las cortes en la designación de Procurador y Contralor.
¿Y Fiscal no, que fue la elección del problemita aquel?
Fiscal, no. Tengo entendido que la propia Corte Suprema hará la propuesta de que los papeles se inviertan, elaborando ellos la terna, y el Presidente designando al Fiscal.
Mejor dicho, le dejarán a la Corte la elección más polémica, con una ligera variación... ¿cómo planea descongestionar la justicia?
La reforma tiene cuatro aspectos básicos. El que más nos interesa es acceso y descongestión. Creemos que para evacuar los dos millones 200 mil procesos represados hay que acudir a instrumentos no ortodoxos. Entre varias alternativas que no se excluyen, un camino es otorgarles funciones jurisdiccionales a muchas personas que hoy no las tienen, como abogados en ejercicio, notarios, auxiliares de la justicia. Para que por un periodo de tiempo contribuyan a este fin.
¿Y eso les gusta a las altas cortes?
No. En esto las cortes discrepan. Pero, también, en los temas de seguridad jurídica, que es otro punto fundamental de la reforma. Hemos propuesto reglamentar la tutela contra providencias judiciales y en este tema las opiniones también están divididas.
¿Seguirá habiendo tutelas contra sentencias?
Sí, pero vamos a reglarlas. No es procedente que inferiores sigan tutelando a superiores. Y hay que evitar que se sigan presentando choques entre las propias cortes. Pero en materia de seguridad jurídica también hemos propuesto que el precedente judicial se convierta en fuente de derecho de obligatorio cumplimiento. A algunos no les gusta, porque temen que se estanque la jurisprudencia.
¡Que se estanque un poquito la jurisprudencia, pero que tengamos seguridad jurídica!
Sí, eso pensamos.
¿La reforma contempla algún mecanismo para subirle el nivel a la rama judicial?
La reforma también propone que en la integración de las cortes haya un sano equilibrio entre quienes provienen de la carrera judicial, pero también de la academia y del ejercicio de la profesión. Eleva los requisitos para ser magistrado, porque el Gobierno piensa que es muy útil que la magistratura sea un cargo que se ejerza después de una larga trayectoria de servicio.
¿Ya logró explicarle al Vicepresidente la diferencia que hay entre indulto y suspensión de la pena?
Espero que sí. Hoy se expedirán los decretos reglamentarios de la ley de reinserción para desmovilizados.
¿Qué sentido tiene que el Vicepresidente ataque a un ministro señalándolo de 'señorito bogotano'?
No lo sé. Pero en un asunto tan delicado hay que cuidar el lenguaje. Son 19.000 personas las que están en esta interinidad. Crearles la expectativa de un indulto que no es posible otorgarles crea confusión y trae problemas. Créame que no será fácil para Alejandro Eder, consejero presidencial para la reinserción, que maneja el programa, explicarle a cada desmovilizado que una providencia de la Corte Constitucional obliga a que individualmente concurran ante la Fiscalía a resolver su situación, contribuir a la verdad y reparar los daños.
¿Qué tal la decisión de Ecuador de abrirles proceso a los militares y policías que lideraron el ataque contra el campamento de 'Reyes'?
Pensábamos que este asunto estaba zanjado. Con Ecuador se han normalizado completamente las relaciones. Sí resulta sorprendente que una decisión judicial reabra una controversia sobre la responsabilidad personal de miembros de la Fuerza Pública.
¿Cree que el fallo de la Corte Suprema colombiana sobre los computadores de 'Reyes' animó esta decisión judicial de Ecuador?
Varias consecuencias ha tenido el auto que, como es mi norma, no califico. Hace tres meses estuve en Chile conversando con el Ministro del Interior de ese país, y la solicitud de extradición de Manuel Olate estaba caminando. Pero como consecuencia de la providencia, un Fiscal colombiano desistió de la solicitud de extradición, y el proceso se cayó. También quedó en libertad Miguel Ángel Beltrán, alias 'Cienfuegos'. La Corte ha señalado que el auto, porque no es una sentencia, sólo tiene efectos frente al caso concreto de Wilson Borja, pero no veo que esa sea la interpretación que están dándole otras autoridades. Estamos pendientes de la reposición que presentó el Procurador. Qué bueno sería que en respuesta a ella, la Corte precise el alcance de su providencia.
¿Usted le está pidiendo públicamente a la Corte que reconsidere su providencia sobre los computadores de 'Reyes'?
Lo hizo el Procurador y participo de la idea de que es la oportunidad para precisar los alcances de la misma.
Finalmente, Álvaro Uribe le ha dado muy duro. Todo comenzó porque usted se refirió a la 'puerta giratoria' del anterior gobierno. ¿Eso justifica la rabia del ex presidente?
Le reitero lo mismo que ya expresé públicamente. En este momento, ni en razón al cargo que ocupo ni a las funciones que desempeño, me es dable participar de una polémica de esta naturaleza.
PREPARAN OFENSIVA INTERNACIONAL PARA IMPULSAR LA LEY DE VÍCTIMAS
Será encabezada por los senadores que impulsaron la iniciativa en el Congreso
Los legisladores recorrerán varios países de la Unión Europea para conseguir recursos y cooperación técnica que garanticen la implementación y aplicación de la iniciativa, con la que se busca reparar a cerca de 4 millones de afectados por el conflicto interno.
La intención de esta ofensiva internacional, liderada por el senador del Partido Liberal y autor de la Ley de Víctimas, Juan Fernando Cristo, es conseguir respaldo internacional en temas políticos, económicos y técnicos para aplicar los procesos de reparación y restitución de tierras.
"Lo que se busca es conseguir un respaldo político efectivo y un respaldo de cooperación técnica y económica para una tarea monumental que asumió el Estado colombiano en los últimos 10 años, que es la reparación a las víctimas del conflicto", explicó Cristo.
Para el congresista, hay puntos concretos en los que la cooperación internacional es fundamental, como "en el tema de cooperación judicial en toda la creación de los nuevos jueces y magistrados de justicia transicional y en el tema de seguridad de las víctimas que sería cooperación técnica de Estados Unidos para poderlas proteger o sacar al exterior".
De hecho, Cristo, junto a los senadores Hernán Andrade (Conservador) y Luis Carlos Avellaneda (Polo), terminaron la semana pasada una visita de 3 días a Estados Unidos, donde se reunieron con representantes del gobierno, el congreso y organizaciones defensoras de derechos humanos, buscando el respaldo y la cooperación para aplicar la Ley de Víctimas.
"Para el país sería muy importante entrar en una nueva fase del Plan Colombia, porque en esta nueva etapa del conflicto sería un mensaje muy importante de Estados Unidos que comenzaran a incorporar dentro de la cooperación binacional un componente de cooperación destinado a apoyar frentes específicos de la implementación de la Ley de Víctimas", afirmó Cristo.
RECHAZO DEL SERVICIO CIVIL A BENEFICIOS PARA PROVISIONALES
Iniciativa beneficiará a más de 120 mil empleados en provisionalidad y a más de 70.000 en encargo.
El Congreso aprobó una reforma constitucional con la cual se pretende reconocer el tiempo de experiencia en cargos públicos a empleados provisionales y en encargo, para que se les sumen sus años de trabajo como puntaje en los concursos para vincularse en propiedad al Estado.
Según cálculos extraoficiales del Congreso, esta iniciativa beneficiará a más de 120 mil empleados en provisionalidad y a más de 70.000 en encargo, ya que se les dará un puntaje específico adicional por sus años de experiencia, lo que los deja con ventaja frente a las personas que se presentan a concursos de carrera administrativa y que no hacen parte del sector público, porque inician el proceso sin puntos.
Humphrey Roa, representante a la Cámara conservador y ponente del proyecto, explicó que este acto legislativo les otorga 70 puntos adicionales a los provisionales que lleven 5 o más años seguidos en el sector público, y el mismo puntaje a los encargados que tengan 3 años o más de trabajo continuo.
"También se les homologa, a provisionales y trabajadores en encargo, cierto puntaje de acuerdo con sus estudios, de la siguiente forma: si tienen especialización, les dan 3 puntos; maestría, 6, y doctorado, 10, pero ninguno de estos es acumulable entre sí", explicó el congresista.
En plata blanca, lo que busca el acto legislativo es reconocer los años de trabajo de los empleados provisionales y en encargo.
Pero la iniciativa generó el rechazo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad que, según sus estatutos, se encarga de "la selección de los candidatos para la provisión de cargos de carrera".
Carlos Moreno, director de la Comisión Nacional del Servicio Civil, le dijo a EL TIEMPO que "este acto legislativo contraría la Constitución, porque, tal como está, riñe con el artículo 125 de la Carta, y nuestra posición de rechazo ha sido clara y, en ese sentido, la hemos puesto de manifiesto, incluso, ante el Congreso de la República durante su trámite".
Moreno explicó que el artículo en cuestión dice que los cargos públicos se suplen por concurso público y en igualdad de condiciones para todos los participantes, por lo que iría contra la Constitución darles beneficios a algunos aspirantes, así hagan parte del sector.
Pero aclaró que, si la Preidencia le da vía libre a esta reforma, sus efectos, que según él no están claros, afectarán solo las listas de elegibles que están por conformarse y no las que ya se cerraron.
Sin embargo, el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda, también ponente de la iniciativa, explicó que si la Casa de Nariño la avala, se le debe dar cumplimiento sin excepción.
"La Comisión del Servicio Civil tiene que observar que los provisionales y los trabajadores en encargo cumplan los requisitos para darles los puntajes que ordena este proyecto", explicó Avellaneda.
Esta reforma se encuentra en estudio de la oficina jurídica de Palacio, que rendirá un concepto para que el presidente Juan Manuel Santos determine si la promulga o no.
Precedente en la Corte Constitucional
En el 2009, la Corte Constitucional tumbó un acto legislativo similar, con el que se pretendía vincular a carrera, de manera directa y sin concurso, a todos los trabajadores que estuvieran en provisionalidad o en encargo.
La diferencia con esta nueva reforma está en que estos trabajadores públicos no serán vinculados de manera directa, sino que se les otorgará un puntaje para reconocer sus años de trabajo.
CORTE AMPLIÓ EL ALCANCE DE CASTIGOS POR DOBLE MILITANCIA
Quienes quieran ser elegidos con apoyo de firmas, deberán renunciar al partido al que pertenecen.
Así lo determinó la Corte Constitucional en el fallo que declaró exequible la reglamentación de la Reforma Política del 2009, dejando, sin embargo, por fuera aspectos como la modificación del censo electoral.
Los miembros de partidos o movimientos que quieran aspirar a cargos de elección popular mediante el apoyo de firmas deberán renunciar primero a la colectividad a la que pertenecen.
No obstante, los tiempos y términos para la vigencia de esa decisión no han sido todavía divulgados por la Corte.
Además del endurecimiento de los castigos por doble militancia, la Corte modificó las condiciones para aspirar a cargos públicos de elección popular. El alto tribunal fijó una inhabilidad de 12 meses para quienes se candidaticen a cargos distintos de los que ejercen, nacidos de las urnas.
El fallo de la Corte, como se conoció el jueves en la noche, declaró inexequible la modificación del censo electoral que planteaba la ley.
A su juicio, ese cambio atentaba contra el derecho de los ciudadanos a ejercer el abstencionismo como una forma de expresión electoral.
"Es claro que se mantiene la necesidad de la depuración del censo, lo que cae es la composición del censo electoral como estaba concebido en la ley", dijo el presidente del alto tribunal, Juan Carlos Henao.
Aunque la Corte divulgó desde el pasado jueves en la noche la tendencia del fallo, no fue posible conocer su dimensión total.
Por reglamento de ese tribunal, el primer documento formal que se conoce sobre la sentencia es un comunicado de prensa, después sí el texto del fallo.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ENDURECE NORMAS PARA CASA POR CÁRCEL
Se apartó de postura de 2008, que otorgaba beneficio con solo demostrar que era cabeza de familia.
El caso de Kelly Yolani Taquinás Diju, una madre de dos niños condenada por narcotráfico, que pedía prisión domiciliaria, consiguió endurecer la posición de la Corte Suprema de Justicia frente al tema. En un enérgico pronunciamiento, les pide a los jueces que examinen los antecedentes del preso antes de conceder el beneficio.
En un fallo de casación, la Sala Penal del alto tribunal cambia la línea jurídica que venía aplicando y advierte que "la privación de la libertad en el lugar de residencia del procesado, en razón de su condición de padre o madre cabeza de familia, no puede en principio suscitar situaciones intolerables de impunidad".
Con el cambio de jurisprudencia, el derecho fundamental de los niños debe ser ahora ponderado con los antecedentes de quien solicita el beneficio. Así se evitará -dice la Corte- que miembros de estructuras criminales organizadas, responsables de graves delitos, se aprovechen de esta circunstancia para continuar delinquiendo.
Los magistrados confirmaron así una decisión del Tribunal Superior de Popayán, que negó la libertad de Taquinás Diju tras considerar que por haber abandonado el trabajo que tenía, para dedicarse a vender cocaína en su casa, la mujer debía permanecer en una cárcel hasta cumplir su sentencia de 42 meses de prisión.
Ella vivía con sus dos hijos en el barrio la Castellana de Miranda (Cauca) y en un allanamiento de la Policía a su residencia, en junio del 2010, encontraron más de un kilo de droga dividido en paquetes de un gramo. La mujer admitió después su responsabilidad ante el Juez Penal de Puerto Tejada.
La Corte, en este caso, va más allá y consideró necesario modificar la jurisprudencia que se venía aplicando. Ahora, antes de otorgar el beneficio, los jueces tendrán que valorar el desempeño social, familiar y personal del implicado y examinar si registra antecedentes judiciales o si representa un peligro para la sociedad.
De esa forma, se apartaron de la postura del 2008, que otorgaba el beneficio de prisión domiciliaria con el solo hecho de demostrar que era cabeza de familia.
Aunque la prisión podría afectar el derecho fundamental de los niños y los pone en riesgo de abandono, considera el alto tribunal que "en ningún caso será posible desligar del análisis, para la procedencia de la prisión domiciliaria para el padre o madre cabeza de familia, aquellas condiciones personales del procesado".
Y como ejemplo de su nueva postura apelaron al caso que analizaban. Allí, la mujer presa por porte de estupefacientes no sólo afecto la formación integral de sus hijos por tener cocaína en su vivienda, sino que el riesgo de abandono podía ser cubierto por el padre o las abuelas de los niños.
EL ESPECTADOR
CULMINACIÓN DEL PERÍODO DE CARLOS ARIEL SÁNCHEZ
Buscan remplazo a registrador nacional
Carlos Ariel Sánchez culmina su período constitucional el próximo 5 de diciembre.
Tras la culminación del período constitucional del registrador nacional Carlos Ariel Sánchez, las altas cortes ya iniciaron el proceso en el cual se busca a su reemplazante.
En los próximos 20 días podrán empezar a presentarse los candidatos ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Cada una de estas corporaciones analizará los nombres los aspirantes y, mediante concurso de méritos, se producira el nombramiento.
Serán los presidentes de cada una de estas colegiaturas los encargados de determinar el nombre de quien sucederá a Carlos Ariel Sánchez, quien deja su cargo como registrador el 5 de diciembre próximo.
DERECHOS DE LOS HOMOSEXUALES
CONSEJO DDHH ADOPTA "RESOLUCIÓN HISTÓRICA" SOBRE HOMOSEXUALES
Por: AFP
La resolución obtuvo 23 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó este viernes una "resolución histórica" destinada a promover la igualdad de los individuos sin distinción de su orientación sexual.
La resolución obtuvo 23 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones.
La adopción del documento fue recibida con aclamaciones en la sala de la ONU donde se reúnen los 47 países que integran el Consejo, principalmente por parte de los representantes de organizaciones defensoras de los derechos de los homosexuales.
Durante años, la oposición de los países de la Organización de la Conferencia Islámica frenó cualquier avance en la aprobación en el Consejo de esta resolución, promovida por varios estados occidentales y apoyada por los latinoamericanos.
El texto, presentado por Sudáfrica, calificado de "histórico" por las Organizaciones No Gubernamentales favorables a los derechos de los homosexuales, dio lugar a una intensa discusión en el grupo de países africanos presidido por Nigeria, opuesto a la resolución.
La resolución afirma que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en lo que concierne su dignidad y sus derechos y que cada uno puede beneficiar del conjunto de derechos y libertades (...) sin ninguna distinción".
El texto pide además un estudio sobre las leyes discriminatorias y las violencias contra las personas debido a su orientación o pertenencia sexual.
CONSTITUCIÓN CONSERVADORA
Por: Cristina de la Torre
Envuelta en pétalos de rosa, LA Constitución del 91 validó un modelo económico ultra conservador que frustró en el huevo la divisa del desarrollo y su dirección por el Estado.
Catapultó a una élite de importadores y banqueros sin patria, glotones, indiferentes a la miseria que dejaban a su paso por el poder. Entre los panegíricos que proliferan por estos días —merecidos, digamos, por la consagración del Estado laico y el entierro del Frente Nacional— poco se habla de la realidad económica que se impuso sobre la letra (a menudo reformista) de la Carta. Si Colombia es hoy campeón en desigualdad, pobreza y violencia en América, no será porque la norma escrita tardara en transformar la realidad. Es, precisamente, por lo contario: parte de sus disposiciones no podía sino producir tan vergonzoso resultado. El principio neoliberal que prevaleció en su inspiración y cobró cuerpo en el articulado se engulló el “derecho a la vida digna”, hasta convertirlo en rey de burlas. A medias contuvo la tutela la ofensiva del “nuevo” paradigma contra los derechos económicos y sociales de la población. Más papistas que los papas del Consenso de Washington, los nuestros tornaron al rudo “lesefer” que en el capitalismo de los siglos XVIII y XIX había animado la revolución industrial en Inglaterra. Mas no para hacer aquí industria, sino para desmontarla.
Todo ello al calor de una apertura comercial y financiera que quebró al campo, noqueó a la precaria industria y hoy insiste en potenciarse a la ene con “teelecés” que nos niegan de entrada un futuro de industrialización. Al calor de la fiebre privatizadora, se despojó al Estado de su prerrogativa como promotor del desarrollo; y de la función social que el bien común aconseja. La trocó en negocio de malandrines, dizque por ser éstos más eficientes e incorruptibles que el Estado. ¿Saludcoop? ¿Los Nule? ¿Los beneficiarios de las concesiones de Andrés Uriel? Finalmente, el Banco de la República quedó reducido a batallar —batalla enana— contra la inflación. Olvidó el desempleo, al que tuvo por “mal necesario”. Y su tarea medular como banco de fomento del desarrollo. El desarrollo, una “antigualla”. Entonces se le concedió a la banca privada una gabela descomunal: en adelante sería ella y no el Banco Central la que le prestará (carísimo) al Gobierno, ¡con dineros del propio Banrepública! Se forzó así la intermediación de los banqueros, para que en esta vuelta absurda colmaran sus arcas. Pésimo negocio para las finanzas públicas, de oro para las privadas. De eso se trataba.
Mientras Suramérica desmonta el modelo de mercado sin controles que las dictaduras del Cono Sur habían cooptado; mientras torna al desarrollo propio paladeando a los amos de la globalización, Colombia porfía en la fórmula sin esperanza del siglo XIX: exportar oro, carbón, florecitas, bananitos, e importar computadores. Productos primarios que pagan salarios irrisorios, contra bienes que han incorporado toda una cadena de trabajo bien remunerado. He allí la prosperidad que nos espera. Sellada con broche del más rancio neoliberalismo. La norma de sostenibilidad fiscal, afincada en la Constitución. Ella canta victoria sobre los derechos económicos y sociales de los colombianos, sobre la tutela, tan tímida sin embargo con el derecho al trabajo.
Carta contradictoria ésta del 91, donde termina ganando siempre la disposición conservadora. La negra mano del mercado, cargada sin atenuantes a favor de los poderosos, pues no se afirma sobre competencia verdadera, no crea oportunidades iguales para todos. Cómo andaremos de mal que el exministro Alberto Carrasquilla —hombre no propiamente de izquierda— proclama su desilusión con “la Constitución cavernaria que (de hecho) nos rige en lo económico y social”.
MACROLINGOTES
Por: Óscar Alarcón
La comisión de acusación de la cámara jamás ha funcionado porque está hecha para que no funcione.
En los sistemas parlamentarios los jefes de Estado (sobre todo los reyes) son constitucionalmente irresponsables, tanto que en la Gran Bretaña existe un principio que dice: “The King cannot do wrong” (‘el Rey no puede equivocarse’). Por eso, en cualquier actividad que cumplan, además de darse vida de reyes, están exentos de responsabilidad.
En los sistemas presidenciales, como el nuestro, el principio también se aplica a pesar de que tratan de decir que no, cuando la verdad es que sí. En el Consejo de Delegatarios de 1886 hubo una larga discusión sobre ese particular cuando don Miguel Antonio Caro propuso que se estableciera la siguiente norma: “El presidente de la República no es justiciable por sus actos oficiales; son responsables los ministros”. Ello no se aceptó pero se mantuvo el mecanismo de juzgamiento por el Congreso, que existía en las anteriores constituciones, en donde la Cámara instruye, por medio de la Comisión de Acusación, y el Senado juzga, procedimiento que en nuestra vida republicana sólo ha operado tres veces.
Luego, en la práctica los presidentes son irresponsables pero más irresponsables son los congresistas al designar en esa comisión inoperante no sólo a personas que no saben cómo cumplir sus funciones sino también a aquellos que no asisten ni siquiera a una diversión libre.
Hay algo más. Cuando después del 9 de abril de 1948, las Cámaras quisieron hacerle un juicio político al presidente Mariano Ospina Pérez por los hechos sucedidos ese día, luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el mandatario, ni corto ni perezoso, acudió al famoso artículo 121 de la Constitución y cerró el Congreso. Por algo ese artículo que consagraba el estado de sitio, en buena hora desaparecido, comenzaba con uno y terminaba con uno.
EL NUEVO SIGLO
“GOBIERNO TENDRÁ QUE VOLVER A PRESENTAR NUEVO CÓDIGO DEPARTAMENTAL”
El senador Eduardo Enríquez manifestó que el proyecto tuvo que ser retirado por reparos a algunos temas.
de EL NUEVO SIGLO
El gobierno tendrá que volver a radicar en el Senado el proyecto del nuevo código departamental, pues tuvo que ser retirado el que había sido radicado en la pasada legislatura por reparos que hicieron al mismo, algunos de los ponentes, señaló el presidente de la Comisión Primera de esa corporación legislativa, y coordinador de esa iniciativa Eduardo Enríquez.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué pasó con el proyecto del nuevo código departamental, se hundió en la legislatura que culminó?
EDUARDO ENRÍQUEZ: El proyecto de ley del nuevo código departamental no se tramitó en esta legislatura, porque entró muy tarde, sin embargo, yo como coordinador de ponentes, alcancé a firmar la ponencia, pero los ponentes somos seis, y tienen algunas observaciones, las cuales serán fruto de análisis a partir del 20 de julio.
ENS: A pesar que fueron radicados al final de la legislatura, al proyecto del nuevo código municipal si le dieron primer debate en la Cámara.
EE: La legislatura estuvo muy copada de temas muy gruesos, y además los colegas quieren que hagamos una serie de foros y una audiencia pública, y ésta última se hace, por mandato de la ley, antes de rendir ponencia, pero no se alcanzó. Ahora, el Gobierno tendrá que volverlo a presentar, por lo que lo presentarán en estos días, y a partir del 20 de julio, será de especial interés ese proyecto, cuyo trámite va empezar por la Comisión Primera del Senado de la República.
ENS: ¿Cuáles son esos reparos contra la iniciativa que han hecho los ponentes?
EE: El actual código tiene vigencia desde 1986, por lo que está por fuera de los parámetros de la Constitución Política de 1991, entonces el régimen departamental hay que acoplarlo a la Carta y por eso, los colegas ponentes, tienen una serie de observaciones. Una de esas, es de mucha trascendencia, y es la que tiene que ver con el control político, también la que tiene que ver con la gerencia departamental para declararse en la coordinadora de la actividad municipal. Son temas muy importantes, en los que se va a tomar un tiempo necesario el Congreso de la República, para expedir un código que de respuesta a las exigencias de la modernidad administrativa con fundamento constitucional.
ENS: ¿Cuál es la observación frente al control político?
EE: Yo soy el autor del acto legislativo número uno del 2007, que tiene que ver con el control político. El control político que se ejerce ahora en el Congreso de la República, se ejerce por las asambleas departamentales, incluyendo la moción de censura. El proyecto del gobierno propone extender el control político contra los institutos descentralizados de rango departamental. Hay que hacer un estudio muy detenido sobre esta propuesta para precisar si estaría de acuerdo a la Constitución nacional, o estaría por fuera de ese marco. Ese es un tema superimportante que hay que tratarlo con mucha responsabilidad.
ENS: ¿En el debate de esta iniciativa no cabe también la discusión sobre una mayor descentralización de los entes territoriales?
EE: Ese es el espíritu constitucional que va animar tanto la reforma del código departamental como del municipal. Pero esto tiene que ir con armonía con los recursos financieros, porque no es simplemente el tema de la autonomía o independencia de los entes territoriales, sino que éstos la tengan para el manejo de los recursos públicos, para que en lo posible, no dependan de la administración nacional y hagan nugatorio el papel de las autoridades regionales y locales. Ese tema también es de sumo cuidado y de precisión jurídica para que no vayamos a tener problemas en el futuro.
Código municipal
El proyecto del nuevo código municipal, que fue radicado en la legislatura pasada junto con el departamental, fue aprobado en su primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en la penúltima semana de sesiones del Congreso. Sin embargo, a la iniciativa también le surgieron varias críticas por parte de algunos parlamentarios, las cuales fueron dejadas como constancias para su posterior discusión en la Plenaria de la corporación a partir del 20 de julio
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SE SANCIONA HOY EN CARTAGENA
La norma define y estructura los fondos de Desarrollo Regional y de Compensación Regonal.
EL ESCENARIO para la sanción de Ley de Ordenamiento Territorial (Loot) será Cartagena. Está previsto que esta tarde, a las 5, el presidente Juan Manuel Santos firme la promulgación de la nueva norma.
La Loot concluyó su trámite en el Congreso con la aprobación de la conciliación en plenaria de Cámara (junio 8) y Senado (junio 14), siendo uno de los motivos para que el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, manifestara que ese fue “un final de sesiones espectacular”.
En su momento, el presidente Santos escribió en su Twitter: “Otro hecho histórico: después de 19 intentos fue aprobada Ley de Ordenamiento Territorial. Felicitaciones al Congreso”.
En concordancia con el trino de Santos, ese día, tras la aprobación de las conciliaciones, Vargas comentó como “después de veinte años y veinte iniciativas que habían sido negadas se aprobó hoy en último debate la Ley de Ordenamiento Territorial que crea los Fondos de Inversión Regional y también las zonas especiales. La Ley permitirá fomentar alianzas estratégicas de entidades territoriales, o sea, entre los municipios. También esta ley avanza en los proyectos de áreas metropolitanas”.
Este proyecto de ley, que será promulgado hoy, tiene por objeto dictar las normas orgánicas para el ordenamiento del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; distribuir competencias entre la Nación y las entidades territoriales y establecer las normas generales para la organización territorial.
El senador ponente Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, indicó que esta es una ley “que va desarrollar la vida regional del país. No permite crear el cuarto nivel, es decir un nuevo nivel de administración que intermediaría entre los departamentos y la Nación”.
Velasco también resaltó la creación de los fondos de compensación, relacionada con la Ley de Regalías.
Sin embargo, la sanción de hoy pasará por alto una solicitud de los gobernadores de la Costa Caribe.
Por considerarla incompleta, violatoria de los preceptos constitucionales y ante todo lesiva a los intereses del Caribe colombiano en su anhelo de consolidar el proceso de regionalización del país, los 8 gobernadores de la Costa Atlántica le habían solicitado oficialmente al presidente Santos que devolviera al Congreso sin sanción presidencial el texto de la Loot.
En una misiva, tras reconocerle a Santos su disposición de dirigir actos de gobierno en búsqueda de eliminar los desequilibrios en las regiones de Colombia por la vía de adecuar mejor el ordenamiento territorial a las realidades, los mandatarios caribes le manifestaron que “el resultado de la ley aprobada en el Congreso” está, en su opinión, “muy distante de lo esperado por los habitantes de esta región, considerando que la misma no desarrolló lo que ordenan los artículos 306 y 307 de la Constitución Nacional, aspectos que fueron presentados como los que verdaderamente justifican esta Loot”.
Fondos
La Loot define y estructura los fondos de Desarrollo Regional y de Compensación Regional. De aquí saldrán los recursos que financiarán el apoyo a las asociaciones entre regiones administrativas y de planificación, así como las provincias, áreas metropolitanas y modelos de competencias integradas de gestión territorial.
Artículo 33. Fondo de Desarrollo Regional.
El Fondo de Desarrollo Regional servirá como un mecanismo de desarrollo para las entidades territoriales del país, el cual tendrá como finalidad la financiación de proyectos regionales de desarrollo en los términos que lo defina la ley.
Parágrafo. El Fondo de Desarrollo Regional se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política y por aquellas normas que lo modifiquen, desarrollen o sustituyan.
Artículo 35. Fondo de Compensación Regional.
El Fondo de Compensación servirá como un mecanismo de generación de equidad y reducción de la pobreza entre las entidades territoriales del país, el cual tendrá como finalidad la financiación de proyectos en las zonas de inversión especial para superar la pobreza.
DESTINAN $400 MIL MILLONES PARA VIVIENDA DE DESPLAZADOS
Se espera generar nuevos proyectos de construcción y obras de urbanismo en todo el país
Con el propósito de atender una de las necesidades prioritarias de la población víctima de la violencia el Gobierno dispuso de 400 mil millones de pesos para los programas de apoyo para la adquisición de vivienda de los hogares en situación de desplazamiento.
Dicha inversión obedece al mandato de la Corte Constitucional para reforzar los programas de atención a esta población por medio de la generación de nuevos proyectos de vivienda y obras de urbanismo en todos los municipios del país, de acuerdo con la ministra Beatriz Uribe Botero.
Al respecto, la Ministra ha dicho que es importante contar con el apoyo de las entidades territoriales para determinar la inversión sectorial y el ordenamiento territorial de los proyectos de construcción.
Al mismo tiempo espera contar con el apoyo de los sectores público y privado para trabajar en la adaptación de suelos para la construcción de vivienda de interés social, e implementar infraestructura adecuada para los servicios públicos.
Por otra parte, el Ministerio viene desarrollando de la mano de Acción Social y la Red Juntos, diferentes programas en materia de vivienda, agua y saneamiento para atender a esta población en todo el territorio nacional.
"Nuestro tarea será entrar de manera focalizada a atender estos hogares, a través de los programas regulares de vivienda, de los macroproyectos, de los proyectos integrales de desarrollo urbano ", dijo Uribe Botero.
Por otra parte, la Ministra manifestó que existen 400 mil 100 hogares que aún no han ejecutado los subsidios de vivienda adquiridos años atrás, al igual que hay más de 500 mil hogares incluidos en el registro único de población desplazada que requiere atención de vivienda, según datos registrados por la red para la superación de la pobreza extrema.
Al respecto, Uribe Botero dijo que el Ministerio en asocio con las alcaldías, gobernaciones y el Gobierno Nacional, abrió una nueva convocatoria con la que se espera entregar los subsidios complementarios para que esta población pueda adquirir vivienda.
De acuerdo con los programas del Ministerio, todos los municipios colombianos deberán presentar ante la Corte Constitucional el Plan Integrado Único de atención a desplazados, PIU, para lo cual tendrán plazo hasta este jueves.
Dicho plan deberá incluir los avances y retos en la atención a esta población, al mismo tiempo que se presentarán las necesidades presupuestales de los municipios para cumplir con los objetivos de atención.
Por medio del PIU, el Gobierno Nacional estará informado del presupuesto que necesita cada municipio para la atención de los desplazados, y así poder destinar recursos para continuar implementando los programas de ayuda en todo el territorio.
Asimismo, en materia de agua y saneamiento básico se está trabajando en programas para dotar con soluciones de acueducto y alcantarillado a los habitantes de la zona rural, al mismo tiempo que se incorporan estrategias de vivienda rural para la eficiente prestación de los servicios públicos.
Según Uribe Botero, estos planes de saneamiento responden a los planes departamentales de agua de segunda generación, como una de las prioridades originadas por el plan nacional de desarrollo.
REVISTA SEMANA
SIN REMEDIO
Las protestas y el cierre de servicios que se vieron en varios hospitales, como en el Federico Lleras de Ibagué, dejaron en claro que la plata escasea en la salud.
Hospitales al borde del cierre, EPS sin plata y pacientes desesperados conforman una receta que está a punto de estallar. Esta semana, el gobierno lanzará un plan de rescate cercano al billón de pesos, para acabar la crisis.
El sistema de salud está a punto de chocar contra un iceberg: la escasez de plata tiene en serios aprietos a EPS, hospitales, clínicas y demás entidades que deben responder por la salud de 44 millones de colombianos.
Las amenazas de cierre de algunos hospitales en Córdoba, Tolima, Nariño, La Guajira o Valle y los cacerolazos que protagonizaron en varias ciudades médicos y empleados a quienes les adeudan varias semanas de salarios fueron las imágenes más llamativas de un problema que si el gobierno -y en especial el Ministerio de la Protección Social- no resuelve de manera pronta, podría ser el detonante del sistema de salud. La falta de recursos es tan preocupante y la ausencia de confianza en el sistema es tan clara que la propia contralora general de la Nación, Sandra Morelli, le envió un control de advertencia al gobierno en el que dice que "esta situación amerita una acción inmediata del gobierno, de los reguladores y de todas las entidades públicas involucradas".
Si bien el diagnóstico parece claro, el gobierno se tuvo que tomar mucho tiempo para encontrar las soluciones, que serán anunciadas esta semana y que buscan crear una especie de plan de rescate y salvamento de las EPS y los hospitales del país. Durante varios años, las EPS y los hospitales encontraron en los recobros de medicamentos y procedimientos que no hacían parte del POS, o que no estaban claros, una fuente de financiación. Pero la forma desbordada como crecieron y el abuso de algunos hicieron que el flujo de recursos empezara a ser muy lento. Esto creó una cadena perversa en la que las EPS no pagaban los servicios porque el Estado se demoraba, y así sucesivamente en hospitales, clínicas, laboratorios, proveedores y empleados, lo que terminó por crear unas carteras gigantescas.
Pero la campaña que el gobierno emprendió para frenar este desangre y, en especial, para sanear el sistema de salud de la corrupción, incluida la intervención de varias EPS como SaludCoop, terminó por frenar el flujo de recursos, ya que las cuentas han tenido que ser revisadas una y otra vez. A su turno, la judicialización de la salud hizo que los bancos les cerraran créditos a las EPS y a los hospitales.
Precisamente, el pasado miércoles, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), en carta enviada al ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, hizo un urgente llamado para que el gobierno lance un plan de salvamento que les permita salir de la crisis económica en que se encuentran. Según la agremiación, a diciembre de 2010, las EPS, alcaldías, gobernaciones y el sistema en general le adeudaban 3,7 billones de pesos.
Estas y otras voces tendrán una respuesta clara esta semana, cuando el gobierno anuncie varias medidas. La primera será, en el régimen subsidiado, continuar con el pago directo a los hospitales. Bajo este esquema, en mayo ya se giraron 800.000 millones y la próxima semana se entregarán otros 400.000 millones más. Además, el gobierno ayudará con recursos para sanear cuentas antiguas entre EPS, hospitales y municipios, que pueden superar los 500.000 millones.
Por el lado de las EPS, el gobierno tomará varias medidas. La primera será empezar a pagar el 30 por ciento de los recobros legales que ya se hicieron y los que se vayan a hacer al Fosyga, mientras se surte todo el trámite. En este momento hay unos 320.000 millones de pesos en proceso. Frente a los cobros que tienen reparos se buscará resolver qué se paga y qué no, con prontitud. Además, el gobierno liberará otros 300.000 millones de pesos que están en el Fosyga y otros 200.000 que tienen las cajas de compensación de excedentes, para ayudar financieramente a las EPS. La idea es devolverle la confianza al sistema.
Finalmente, el gobierno está dispuesto a garantizar créditos o a otorgarlos de manera directa para ayudar a las EPS que lo requieran. El caso más emblemático es el de Caprecom, que requiere con prontitud unos 300.000 millones de pesos para salir de la crisis y pagarles a todos sus proveedores.
Si bien este plan podría librar cerca de un billón de pesos, la pregunta es si se requiere más plata y si el Estado tendrá que meterse la mano al bolsillo para terminar de salvar el sistema de salud. El tiempo, como en la mayoría de enfermedades, lo dirá.
IMPUNITY
Por Julián Cubillos*
Tal y como lo afirmó Francisco Santos en su momento, “(…) la Ley de Justicia y Paz será un proceso ejemplar para el mundo”: por ineficaz, por su rotundo fracaso como modelo de justicia transicional.
El lunes pasado, en el teatro México de la Universidad Central, se estrenó en Colombia el documental «Impunity», de Juan Lozano y Hollman Morris. Muchos de los asistentes tuvimos que esperar durante más de tres horas a una segunda proyección, pues el teatro se quedó pequeño para una asistencia de casi dos mil personas. Aunque también porque el bogotano promedio no concibe la idea de ubicarse en una fila de acuerdo a la hora en la que llega, lo que llevó a que decenas de personas que estaban delante terminaran reproduciéndose en sobremanera.
Esto hace parte de nuestra cultura del atajo, del avivato y del violento, aun en lo que consideramos ‘buenas maneras’. Es un defecto que nos caracteriza y que no cabría mencionar aquí de no ser porque engendra una de las causas fundamentales del problema que, justamente, aborda este documental: esa maldad extrema a la que podemos llegar, y la impunidad de las consecuencias de esa maldad. Si la cultura del atajo es parte de quienes tenemos una mediana educación, cuál podría ser la de quienes, en contraste, cuentan con más que motivos y la necesidad suficientes para empuñar un arma. Hay niveles de violencia, es cierto, pero la tolerancia de los primeros suele ser la puerta de entrada a aquellos en los cuales ya no hay marcha atrás.
Con todo, sí que valió la pena esperar, hacer la fila. Porque sin ser la ‘gran cosa’ –sin revelar hechos que no supiéramos ya, sin presentarlos de una manera sensacionalista–, el trabajo periodístico de Lozano y Morris es, sencillamente, digno de elogiar. Se trata de un documental que tiene la virtud de conmover, de suscitar indignación y de invitar a la reflexión crítica acerca de un crimen de lesa humanidad que amenaza con quedar impune: esa masacre sistemática de más de ciento cincuenta mil personas, ejecutada –con la ayuda del Estado, del narcotráfico y de empresas privadas– por la organización terrorista y paramilitar AUC.
Ese es el tema. En cuanto a la forma, la virtud es mayor. El documental nos muestra este crimen desde la perspectiva de quienes, sin lugar a dudas, han llevado la peor parte: las víctimas. Son ellas quienes narran los aterradores asesinatos y desapariciones de sus familiares, la ilusión que tuvieron de saber la verdad (el cómo, el dónde) en los procesos de justicia y reparación, y la forma en que esa ilusión se desvaneció cuando el gobierno de Uribe decidió extraditar a quienes más podían confesar esa verdad, los jefes paramilitares. El documental muestra, así, que nunca hubo una confrontación directa entre víctima y victimario, ese cara a cara sin el cual –como bien señala Jacques Derrida– no puede darse ningún proceso de perdón genuino. Lo que se montó, en contraste, fue un teatro a favor de la imagen política del proceso mismo (del gobierno), un teatro que propició la impunidad de los crímenes y acrecentó, así, el resentimiento.
Algunas víctimas no se explican cómo pudo el gobierno de Uribe preocuparse más por el delito del narcotráfico que por los crímenes de lesa humanidad que cometieron los paramilitares. Pero muchas sí, y es esta la tesis fundamental del documental: los paramilitares desmovilizados estaban testificando más de la cuenta, no solo se estaban remitiendo a develar la forma cruenta y el lugar en que cometieron los crímenes, sino que también estaban señalando a los militares, políticos y empresarios que los habían ayudado. Justo ahí fueron extraditados.
Es de esperar que los implicados guarden silencio frente a las denuncias de este gran trabajo periodístico. O, como ya es costumbre, que se dediquen a atacarlas de manera ad hominem, acusando a Morris de guerrillero. Es de esperar que, en el mejor de los casos, digan que el documental peca de unilateral al denunciar la violencia paramilitar y dejar a un lado la guerrillera. A este respecto, no sobra mencionar las palabras con las que comienza el documental: «En esta selva no hay Estado. Aquí, hay guerra. Desde siempre. Guerra civil, un conflicto armado interno, amenaza terrorista, lucha ideológica. Los extremos: izquierda, derecha. Los mismos métodos: competencia de crueldad». De ahí que si el documental se centra en los paramilitares como ejemplo principal de la impunidad que señala, lo haga porque fueron ellos quienes, supuestamente, se desmovilizaron, y no la guerrilla. Los crímenes de este último bando, que nadie niega, serían pues un tema para otro documental; su ausencia aquí no opaca la verdad de los hechos denunciados.
Contamos pues con un valioso documento cuya perspectiva no puede ignorar quien realmente quiera comprender la verdad del proceso de desmovilización de las AUC, esto es, el fracaso de la Ley de Justicia y Paz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Porque es cierto, sí, como lo afirmó Francisco Santos en su momento, que “(…) la Ley de Justicia y Paz será un proceso ejemplar para el mundo”. Lo será, con toda seguridad, por ineficaz, por su rotundo fracaso como modelo de justicia transicional.
Seguir negando este fracaso, seguir defendiendo que las mal llamadas bandas emergentes (BACRIM) no son el reducto del paramilitarismo es, pues, otro síntoma de nuestra cultura del atajo. De esa que también nos lleva a hacernos los de vista gorda y, en consecuencia, a convertirnos en cómplices de esta impunidad. Es esta la preocupación fundamental que más se percibe en los realizadores: que su trabajo propenda por una reflexión crítica de parte de la sociedad colombiana, que seamos conscientes de que el Estado colombiano sigue en deuda en cuanto a justicia, verdad, garantías de no repetición y reparación de las víctimas de los paramilitares. Lo que, más que legal, es un verdadero problema moral, uno en el que todos estamos involucrados.
Gran trabajo, «Impunity», que esperamos se pueda difundir de forma masiva en todo el territorio colombiano; toda vez que así lo permitan nuestras salas de cine y canales de televisión.
CARACOL RADIO
MAGISTRADO PIDE AL GOBIERNO AJUSTES EN EL PRESUPUESTO A LA JUSTICIA
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia le insistirán al gobierno nacional la importancia de incluir en la reforma a la justicia una destinación específica en los presupuestos de la rama judicial que estaría en el 5 por ciento del Producto Interno Bruto.
El Vicepresidente de esa corporación jurídica, magistrado Sigifredo Espinoza indicó que esa será una de las peticiones centrales teniendo en cuenta la congestión que registran algunas áreas de los despachos judiciales, el aumento del cometimiento de algunos delitos y la importancia de implementar las nuevas tecnologías que le den agilidad a los procesos y al acceso de los ciudadanos a la justicia.
Indicó el jurista que mientras no se resuelva el problema financiero de la justicia será muy difícil reducir los niveles de impunidad y garantizarles a los ciudadanos una justicia pronta y efectiva.
Explicó que la situación es tan grave que desde 1.990 cuando comenzó a regir la actual congestión a la fecha, los jueces han incrementado en un 300 por ciento el número de procesos judiciales lo que retrasa la expedición de los fallos y hace más compleja la situación de los reclusos que estan en las cárceles del país pendientes de su futuro jurídico.
De ahí dijo el Magistrado de insistirle al gobierno en definir esa prioridad y dejar clara una ruta de destinación, apropiación y manejo de ese presupuesto.